Ser administrador de una sociedad mercantil no impide atravesar dificultades económicas a título particular. Una persona puede dirigir una empresa que continúa funcionando y, al mismo tiempo, acumular tarjetas, préstamos, avales u otras obligaciones que ya no puede atender regularmente.

En estas situaciones es fundamental separar dos patrimonios: el de la sociedad y el del administrador. Que una empresa tenga dinero, bienes o actividad no significa automáticamente que esos recursos pertenezcan a la persona que la administra. Del mismo modo, las obligaciones particulares del administrador no pasan directamente a la sociedad.

Cuando un administrador de una sociedad tiene deudas personales, es necesario determinar de dónde procede cada obligación, quién figura como deudor y si existen avales o responsabilidades relacionadas con la empresa antes de estudiar posibles soluciones.

Sociedad y administrador: dos patrimonios diferentes

Una sociedad limitada o anónima tiene personalidad jurídica propia. Esto permite diferenciar, con carácter general, sus derechos y obligaciones de los de sus socios y administradores.

Por ejemplo, si una sociedad solicita un préstamo para comprar maquinaria, la deudora será inicialmente la propia empresa si así figura en el contrato.

En cambio, si el administrador contrata una tarjeta para sus gastos particulares, esa obligación pertenece a su esfera personal.

Mantener esta separación es esencial para analizar correctamente una posible situación de insolvencia.

¿Qué deudas pueden ser personales?

El administrador puede haber acumulado obligaciones que no tengan ninguna relación con la empresa.

Entre ellas pueden encontrarse:

• Préstamos personales.
• Tarjetas de crédito.
• Microcréditos.
• Descubiertos bancarios.
• Financiación de vehículos.
• Facturas particulares pendientes.
• Deudas derivadas de una actividad anterior.
• Avales ejecutados.

Si ya no dispone de recursos suficientes para atenderlas regularmente, deberá analizar su situación como persona física.

¿Las deudas de la empresa pasan al administrador?

No automáticamente.

El simple hecho de ser administrador no convierte a una persona en responsable de todas las obligaciones contraídas por la sociedad.

Si una empresa debe dinero a proveedores, bancos o arrendadores, esas cantidades pertenecen inicialmente al pasivo de la propia sociedad.

Otra cuestión diferente es que exista una garantía personal o que concurran circunstancias legales que permitan exigir responsabilidad al administrador.

Por ello, no debe elaborarse una relación de acreedores personales copiando directamente todas las obligaciones que aparecen en la contabilidad empresarial.

¿Qué ocurre si firmó un aval personal?

Este es uno de los escenarios más habituales.

Los bancos y otros acreedores pueden solicitar garantías personales cuando conceden financiación a una sociedad.

Si el administrador firma como avalista o garante, la situación cambia. Aunque el préstamo se concediera a la empresa, puede existir una obligación personal derivada de esa garantía en los términos pactados y legalmente exigibles.

Por ejemplo, una sociedad puede mantener un préstamo de 40.000 euros respaldado personalmente por su administrador.

Si la empresa deja de cumplir sus obligaciones y el acreedor puede dirigirse contra el avalista, será necesario estudiar esa exposición dentro del patrimonio personal.

¿Y si la empresa continúa funcionando?

Que la sociedad permanezca activa no impide por sí mismo que el administrador pueda encontrarse en una situación de insolvencia personal.

La empresa puede ser viable y disponer de recursos suficientes para atender sus propias obligaciones mientras el administrador arrastra problemas económicos derivados de créditos particulares.

También puede suceder lo contrario: que la empresa tenga dificultades mientras el administrador mantenga una economía personal solvente.

Por eso ambas situaciones deben estudiarse separadamente.

¿Puede acudir a la Ley de Segunda Oportunidad?

La exoneración del pasivo insatisfecho está prevista para personas físicas que cumplen los requisitos establecidos por la legislación concursal.

Ser administrador de una sociedad no constituye, por sí solo, una exclusión automática.

Por tanto, si un administrador de una sociedad acumula deudas personales que ya no puede atender, puede ser necesario estudiar si reúne las condiciones para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

Esto no significa que cualquier obligación vaya a quedar automáticamente cancelada. Habrá que analizar la naturaleza de cada crédito y las circunstancias del procedimiento.

¿Qué pasa con sus participaciones en la sociedad?

Las participaciones o acciones que una persona posee en una empresa forman parte de su patrimonio y pueden tener valor económico.

Por ello, al analizar una Segunda Oportunidad no deben ocultarse ni ignorarse.

Será necesario determinar, entre otras cuestiones:

• Qué porcentaje posee.
• Qué valor puede tener su participación.
• Cuál es la situación económica de la sociedad.
• Si existen otros socios.
• Si hay limitaciones estatutarias relevantes.
• Qué derechos económicos corresponden al deudor.

Tener participaciones no impide automáticamente acceder al procedimiento, pero deberán declararse y valorarse conforme corresponda.

Ser administrador no significa necesariamente ser socio

Ambas figuras deben diferenciarse.

Una persona puede administrar una sociedad sin ser propietaria de participaciones. También puede ser socio sin ocupar el cargo de administrador.

Esta distinción es importante porque ser administrador no implica por sí mismo ser propietario del patrimonio empresarial.

Al estudiar la situación personal habrá que comprobar qué relación mantiene realmente el deudor con la sociedad.

¿Qué ocurre con el sueldo del administrador?

Si el administrador recibe una retribución por su cargo o mantiene otra relación económica con la empresa, esos ingresos deberán tenerse en cuenta para analizar su capacidad económica.

No basta con afirmar que una persona es insolvente porque tiene muchas obligaciones.

También deben estudiarse sus ingresos, gastos necesarios, bienes y demás circunstancias patrimoniales.

Si recibe regularmente una cantidad de la sociedad, esta formará parte del análisis de su economía personal en los términos que correspondan.

¿Puede continuar administrando la empresa?

La situación no debe resolverse mediante una regla automática.

Las consecuencias sobre la actividad profesional o empresarial dependerán del procedimiento y de las circunstancias concretas.

Por ello, no debe asumirse que estudiar la Segunda Oportunidad obliga necesariamente a cerrar una sociedad viable o a abandonar inmediatamente cualquier actividad empresarial.

Habrá que valorar el caso concreto, especialmente si existen participaciones sociales, retribuciones o relaciones económicas entre el administrador y la empresa.

¿Qué sucede si la sociedad también tiene problemas?

Aquí aparecen dos situaciones de insolvencia diferentes que no deben confundirse.

Si la sociedad no puede cumplir regularmente sus obligaciones, deberá analizarse su propia situación conforme a la normativa concursal aplicable a las personas jurídicas.

Paralelamente, el administrador puede tener obligaciones personales que requieran un estudio independiente.

Por ejemplo, podrían coexistir:

• 60.000 euros de proveedores pendientes de la sociedad.
• 30.000 euros de préstamo empresarial.
• 15.000 euros de tarjetas personales del administrador.
• 20.000 euros derivados de un aval personal.

No todos esos importes pertenecen al mismo deudor.

¿Qué ocurre con la responsabilidad del administrador?

La responsabilidad de los administradores es una cuestión distinta de la existencia ordinaria de deudas sociales.

En determinados supuestos previstos legalmente pueden ejercitarse acciones de responsabilidad o surgir obligaciones específicas relacionadas con la actuación del administrador.

Por eso, antes de considerar una cantidad como exclusivamente empresarial, conviene comprobar si existe alguna reclamación personal contra quien administraba la sociedad.

No debe presumirse responsabilidad por el simple hecho de ocupar el cargo, pero tampoco ignorarse cuando ya existe una reclamación o concurren circunstancias que requieren un análisis específico.

¿Y si Hacienda o la Seguridad Social reclaman personalmente?

También puede haber situaciones en las que una Administración dicte un acuerdo que derive determinadas responsabilidades hacia otra persona.

Una derivación de responsabilidad debe analizarse de manera específica.

No es equivalente a una tarjeta de crédito, un préstamo personal o una factura privada.

Además, el crédito público está sometido a reglas particulares dentro de la Segunda Oportunidad, por lo que no debe afirmarse que cualquier cantidad reclamada por Hacienda o la Seguridad Social pueda cancelarse íntegramente.

Un ejemplo práctico

Imaginemos una persona que administra y posee el 40 % de una sociedad que continúa funcionando.

A título particular mantiene 18.000 euros en tarjetas, 12.000 euros de un préstamo personal y 25.000 euros derivados de un aval concedido a una financiación empresarial.

La sociedad, por su parte, está pagando regularmente a sus proveedores y continúa desarrollando su actividad.

En este escenario no tendría sentido tratar todas las obligaciones como si pertenecieran a la empresa.

Será necesario analizar los 55.000 euros que afectan personalmente al administrador, sus ingresos, su patrimonio y el valor que puedan tener sus participaciones.

¿Qué documentación conviene preparar?

Para separar correctamente la situación empresarial de la personal resulta útil reunir:

• Contratos de préstamos personales.
• Contratos de tarjetas.
• Avales y garantías firmadas.
• Reclamaciones recibidas.
• Notificaciones judiciales.
• Documentación sobre participaciones sociales.
• Información económica de la sociedad.
• Justificantes de ingresos.
• Extractos bancarios personales.
• Relación de bienes.
• Documentación sobre posibles derivaciones de responsabilidad.
• Relación actualizada de acreedores.

La documentación debe permitir identificar con claridad qué obligaciones corresponden al administrador y cuáles pertenecen exclusivamente a la sociedad.

Errores frecuentes al analizar estas situaciones

Uno de los principales errores consiste en mezclar automáticamente el patrimonio empresarial y el personal.

También conviene evitar:

• Considerar personales todas las deudas de la sociedad.
• Olvidar los avales firmados.
• No declarar participaciones sociales.
• Confundir ser administrador con ser socio.
• Ignorar una derivación de responsabilidad.
• Pensar que una empresa activa impide acceder a la Segunda Oportunidad.
• Suponer que todas las deudas pueden cancelarse.
• No comunicar reclamaciones judiciales existentes.

Una correcta clasificación inicial evita analizar como propias obligaciones que corresponden a otro deudor.

Qué hacer cuando las deudas personales ya son inasumibles

El primer paso es separar claramente las obligaciones particulares de las empresariales y comprobar si existen garantías que conecten ambas esferas.

Si un administrador de una sociedad mantiene deudas personales que ya no puede pagar regularmente, conviene estudiar conjuntamente sus ingresos, bienes, participaciones, avales y acreedores.

En Elimina tus deudas puedes informarte sobre las posibilidades de cancelar deudas legalmente cuando el endeudamiento personal ya no resulta sostenible.

Nuestros expertos en Ley de Segunda Oportunidad pueden analizar qué obligaciones pertenecen realmente a la persona física y qué tratamiento puede corresponder a cada una.

Conclusión

Ser administrador de una sociedad no significa que las deudas de la empresa sean automáticamente personales, ni que los problemas económicos particulares deban trasladarse directamente a la sociedad.

La clave está en identificar quién firmó cada contrato, comprobar los avales existentes y separar correctamente los patrimonios.

Cuando el administrador de una sociedad tiene deudas personales, la continuidad de una empresa viable no impide por sí sola estudiar la Ley de Segunda Oportunidad. Sin embargo, deberán analizarse sus ingresos, bienes, participaciones y posibles responsabilidades.

Realizar esta separación desde el principio permite conocer el endeudamiento real de la persona física y valorar qué obligaciones pueden quedar afectadas por un procedimiento de Segunda Oportunidad.