Abrir una franquicia puede parecer una opción empresarial más segura que comenzar un negocio desde cero. Existe una marca conocida, un modelo previamente desarrollado y, normalmente, apoyo comercial o técnico. Sin embargo, pertenecer a una red de franquicias no garantiza la rentabilidad.

Una ubicación poco adecuada, costes superiores a los previstos, ventas insuficientes o una caída del consumo pueden provocar que el establecimiento deje de generar recursos suficientes. El franquiciado puede intentar mantenerlo durante meses utilizando tarjetas, préstamos o aplazando pagos hasta que la situación resulta insostenible.

Cuando se acumulan deudas de una franquicia y la Segunda Oportunidad comienza a plantearse como alternativa, el primer paso es identificar quién contrajo cada obligación. No es lo mismo haber desarrollado la actividad como autónomo que mediante una sociedad limitada.

¿Qué deudas puede dejar una franquicia?

El cierre de un establecimiento puede dejar obligaciones de naturaleza muy diferente.

No todo lo pendiente corresponde al franquiciador. También pueden existir:

• Préstamos bancarios.
• Cuotas o cánones pendientes.
• Royalties.
• Facturas de proveedores.
• Rentas del local.
• Financiación de maquinaria.
• Tarjetas de crédito.
• Deudas tributarias.
• Cuotas de Seguridad Social.
• Suministros.
• Obligaciones laborales.

Antes de valorar cualquier solución es necesario obtener una fotografía completa del endeudamiento.

¿Quién responde si el franquiciado era autónomo?

Si la franquicia se explotaba directamente como empresario individual, muchas de las obligaciones derivadas de la actividad pueden afectar personalmente al titular.

Cerrar el establecimiento o finalizar el contrato de franquicia no provoca por sí solo la desaparición de esos importes.

Por ejemplo, un autónomo puede haber solicitado 40.000 euros para abrir el local, firmado personalmente el alquiler y contratado directamente con distintos proveedores.

Aunque la franquicia deje de operar, esas relaciones jurídicas deberán analizarse individualmente.

¿Y si la franquicia funcionaba mediante una sociedad limitada?

Aquí es fundamental separar patrimonios.

Si los contratos fueron suscritos por una sociedad limitada, la deudora será inicialmente la sociedad en los términos de cada operación. Ser socio o administrador no convierte automáticamente a una persona en responsable de todas las obligaciones empresariales.

Sin embargo, pueden existir excepciones relevantes.

Es habitual que determinadas entidades financieras, arrendadores o proveedores soliciten garantías personales. Si el socio o administrador firmó como avalista, deberá estudiarse el alcance de esa garantía.

También pueden existir otros supuestos de responsabilidad que requieran un análisis específico.

¿Qué ocurre con el préstamo utilizado para abrir el negocio?

Muchas franquicias requieren una inversión inicial importante.

El emprendedor puede haber solicitado financiación para pagar la obra del local, equipamiento, existencias, derechos de entrada o circulante.

Cuando el establecimiento cierra, el préstamo no desaparece automáticamente.

Será necesario comprobar quién figura como prestatario. Si lo contrató personalmente el franquiciado, puede seguir formando parte de su pasivo aunque el negocio ya no exista.

Si lo solicitó una sociedad y existe un aval personal, habrá que diferenciar la deuda de la empresa de la obligación asumida por el garante.

Deudas con el franquiciador

El propio contrato de franquicia puede originar cantidades pendientes.

Dependiendo de lo pactado, pueden existir cánones, royalties, aportaciones publicitarias u otros conceptos.

También puede producirse un conflicto cuando el franquiciado decide finalizar la relación antes del plazo previsto.

En estos casos no conviene aceptar automáticamente cualquier cantidad reclamada. Hay que revisar el contrato, el origen del importe y las condiciones establecidas para la terminación de la relación.

Una reclamación contractual debe analizarse conforme a sus circunstancias concretas.

¿Qué sucede con el alquiler del local?

El arrendamiento puede convertirse en uno de los principales problemas después del cierre.

Un establecimiento puede dejar varias mensualidades pendientes o existir controversias sobre la finalización anticipada del contrato.

Cerrar físicamente el negocio y entregar las llaves no permite concluir, por sí solo, que ya no existe ninguna obligación frente al arrendador.

Habrá que revisar el contrato, las garantías aportadas y la forma en que se produjo la terminación.

Si existe un aval personal en un alquiler contratado por una sociedad, también deberá estudiarse separadamente.

Proveedores y mercancías pendientes

Una franquicia puede trabajar con proveedores impuestos o recomendados por la propia red y con otros contratados directamente por el franquiciado.

Cuando aparecen problemas de liquidez, las facturas comerciales suelen empezar a acumularse.

Si la actividad se desarrollaba como autónomo, esas obligaciones pueden formar parte de su endeudamiento.

Cuando operaba una sociedad, habrá que comprobar quién firmó los contratos y si existen garantías personales.

No debe trasladarse automáticamente al administrador una factura cuyo único deudor sea la sociedad.

¿Qué ocurre con Hacienda y la Seguridad Social?

El crédito público merece un análisis independiente.

Si existen impuestos o cotizaciones pendientes, no deben tratarse igual que un préstamo bancario o una factura comercial.

La Ley Concursal establece límites y reglas específicas para la exoneración de determinadas deudas públicas.

Por ello, al estudiar las deudas procedentes de una franquicia dentro de la Segunda Oportunidad, conviene clasificar por separado los créditos privados y las cantidades pendientes frente a organismos públicos.

¿Puede acogerse un antiguo franquiciado a la Segunda Oportunidad?

Ser o haber sido franquiciado no impide por sí solo acceder al mecanismo.

La cuestión relevante es determinar si la persona física se encuentra en una situación de insolvencia y cumple los requisitos establecidos legalmente.

El origen empresarial de un préstamo, una tarjeta o una factura privada tampoco convierte automáticamente esa obligación en inexonerable.

Sin embargo, incluir una deuda en el procedimiento no significa que vaya a cancelarse necesariamente. Cada crédito debe clasificarse y analizarse según su naturaleza.

¿Es necesario que la franquicia haya cerrado?

No necesariamente.

Puede existir una actividad todavía abierta que atraviese dificultades económicas graves.

Antes de tomar una decisión conviene analizar si el problema es temporal o si el modelo ha dejado de ser viable.

Algunos indicadores que deberían revisarse son:

• Facturación mensual.
• Margen sobre las ventas.
• Canon y royalties.
• Coste del alquiler.
• Gastos de personal.
• Compras necesarias.
• Cuotas financieras.
• Impuestos.
• Liquidez disponible.

Mantener durante meses una actividad que genera nuevas obligaciones sin capacidad para pagarlas puede agravar la situación.

¿Qué pasa si el franquiciador reclama judicialmente?

Si existe una controversia económica, el franquiciador o cualquier otro acreedor puede utilizar las vías legalmente disponibles para reclamar.

Una notificación judicial nunca debe ignorarse.

Habrá que comprobar qué contrato origina la reclamación, cuánto se solicita y qué documentación aporta el acreedor.

La existencia de una demanda tampoco convierte automáticamente un crédito privado ordinario en una obligación excluida de la exoneración.

Si ya existen procedimientos o embargos, deberán comunicarse al preparar el expediente.

Un ejemplo práctico

Imaginemos una persona que abre una franquicia y realiza una inversión inicial de 70.000 euros.

Después de dos años, las ventas disminuyen y el establecimiento termina cerrando.

Al finalizar la actividad quedan:

• 25.000 euros de un préstamo personal.
• 9.000 euros en tarjetas utilizadas para el negocio.
• 7.000 euros con proveedores.
• 5.000 euros de alquiler pendiente.
• 4.000 euros reclamados por el franquiciador.
• Deudas adicionales con organismos públicos.

En este escenario no basta con sumar las cantidades.

Habrá que identificar quién firmó cada contrato, comprobar las garantías y diferenciar los créditos privados de las obligaciones sometidas a reglas específicas.

¿Y si la sociedad cierra pero el administrador tiene avales?

Esta situación es especialmente importante.

La insolvencia de una sociedad y la insolvencia personal de quien la administraba son cuestiones diferentes.

Si el administrador garantizó personalmente préstamos, alquileres u otras operaciones, los acreedores pueden intentar hacer valer esas garantías conforme a sus condiciones.

En ese caso, será necesario estudiar la situación personal del avalista, aunque la financiación se utilizara exclusivamente para el establecimiento.

Documentación que conviene recopilar

Para reconstruir correctamente la situación económica resulta recomendable reunir:

• Contrato de franquicia.
• Contrato de alquiler.
• Préstamos y pólizas de crédito.
• Avales personales.
• Facturas de proveedores.
• Reclamaciones del franquiciador.
• Extractos bancarios.
• Tarjetas utilizadas para la actividad.
• Documentación tributaria.
• Deudas con la Seguridad Social.
• Notificaciones judiciales.
• Información sobre bienes y activos del negocio.

Esta documentación permitirá determinar qué obligaciones corresponden realmente a la persona que pretende solicitar la Segunda Oportunidad.

Errores frecuentes cuando una franquicia fracasa

Uno de los principales errores consiste en seguir utilizando nueva financiación para cubrir pérdidas recurrentes sin comprobar si el establecimiento puede volver a ser rentable.

También es frecuente:

• Mezclar las obligaciones de la sociedad con las personales.
• Olvidar avales firmados al iniciar el negocio.
• Pensar que cerrar el local cancela el alquiler.
• No revisar las cantidades reclamadas por el franquiciador.
• Ignorar pequeñas facturas.
• Tratar la deuda pública igual que la privada.
• No atender notificaciones judiciales.
• Ocultar bienes o participaciones empresariales.

Ordenar la información antes de iniciar el procedimiento ayuda a evitar estos problemas.

Qué hacer si el negocio ya no puede recuperarse

Cuando las pérdidas son estructurales, continuar financiando la actividad puede aumentar considerablemente el endeudamiento.

Si el cierre deja préstamos, tarjetas, proveedores, alquileres y garantías personales, conviene estudiar todas las obligaciones de forma conjunta.

Ante las deudas de una franquicia, la Segunda Oportunidad puede analizarse como una solución para la persona física insolvente, siempre atendiendo a los requisitos legales y al tratamiento específico de cada crédito.

En Elimina tus deudas puedes conocer las opciones para cancelar deudas legalmente cuando un proyecto empresarial ha dejado obligaciones que ya no puedes afrontar.

Nuestros expertos en Ley de Segunda Oportunidad pueden revisar préstamos, avales, proveedores y otras obligaciones para determinar qué tratamiento corresponde a cada una.

Conclusión

El fracaso económico de una franquicia puede dejar un conjunto muy diverso de obligaciones. El cierre del establecimiento no provoca automáticamente su desaparición.

El primer paso consiste en identificar quién contrató cada financiación, alquiler o servicio y comprobar si existen avales personales.

Esta distinción resulta especialmente importante cuando la actividad se desarrollaba mediante una sociedad limitada.

Cuando las deudas de una franquicia llevan a plantear la Segunda Oportunidad, deben estudiarse por separado los créditos privados, las garantías personales y las obligaciones públicas.

Analizar el endeudamiento de forma global permite conocer qué cantidades afectan realmente a la persona física y valorar si el mecanismo de Segunda Oportunidad puede ofrecer una vía para superar la insolvencia derivada del negocio.